Según la Policía Federal brasileña, había un plan detallado para asesinar al presidente y al vicepresidente electos en 2022, así como al juez de la Suprema Corte, Alexandre de Moraes, entonces presidente del Tribunal Superior Electoral. Con relación a este, actos concretos de ejecución fueron iniciados por los respectivos agentes, pero interrumpidos en su curso por motivos aún no aclarados completamente. Después de una larga y profundizada investigación, cinco sospechosos fueron detenidos el 19 de noviembre de 2024: un general del Ejército (retirado), tres miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército y un agente de la propia Policía Federal.

En el día 21 siguiente, la Policía Federal cerró su procedimiento de investigación más amplio y remetió a la Suprema Corte su informe final, con la relación de 37 sospechosos de practicar los crímenes de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de estado y pertenencia a organización criminal. En la lista definitiva de indiciados, constan el expresidente y candidato a la reelección Jair Bolsonaro, su exministro y candidato a vicepresidente Walter Braga Neto, el presidente del Partido Liberal Valdemar Costa Neto, diversos exministros, excomandantes de las Fuerzas Armadas, militares (activos y retirados) y ex asesores. El 26 de noviembre, el informe policial fue remetido a la Fiscalía General de la República para análisis y denuncia.

Teniendo en cuenta ese escenario, una cuestión oportuna puede ser formulada acerca de las posibles raíces de esa categoría peculiar de Coup d’État à la Brésilienne, a la luz de las distorsiones del modelo transicional históricamente adoptado después del cierre de la dictadura.  En ese sentido, buscaremos analizar brevemente algunos elementos generales de los paradigmas de la Justicia de Transición en el derecho internacional y su confrontación con el camino distintivo tomado por Brasil.

[Coluna de autoria de Ranieri L. Resende]

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